Crisis de seguridad

Desde que asumió el poder tras la destitución de Pedro Castillo en 2022, Boluarte ha enfrentado una gestión marcada por el rechazo popular, protestas reprimidas con violencia y una profunda crisis de legitimidad. Su anuncio, acompañado por los jefes de los organismos electorales, busca proyectar un compromiso con la democracia, en momentos en que la desconfianza ciudadana es generalizada. Uno de los factores más preocupantes de su gestión ha sido el aumento sostenido de la violencia. Perú atraviesa una grave ola de criminalidad, con asesinatos relacionados con extorsiones, amenazas a escuelas y ataques con explosivos. En lo que va de 2025, se han registrado 475 homicidios lo que equivale a una víctima cada cuatro horas. Esta crisis de seguridad ha provocado sucesivos cambios en el Ministerio del Interior: Julio Díaz Zulueta se convirtió el pasado 24 de marzo en nada menos que el séptimo titular del cargo desde que Boluarte llegó a la presidencia, reemplazando a Juan José Santiváñez, censurado por el Congreso ante los malos resultados de su política contra la delincuencia. A pesar de los repetidos estados de emergencia y el despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles, las autoridades no han logrado contener la escalada de violencia ni recuperar la confianza de la ciudadanía.