Victoria de Rodrigo Paz en las elecciones presidenciales

Esta elección marca el fin de casi dos décadas de dominio del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), bajo el liderazgo de Evo Morales y Luis Arce. El MAS, debilitado por luchas internas y una gestión económica deficiente, sufrió una derrota aplastante en la primera vuelta, obteniendo apenas un 3% de los votos. El próximo Congreso también estará dominado por partidos de centro y de derecha. El partido del presidente, Partido Demócrata Cristiano, fue el grupo más votado en las legislativas de agosto de 2025, aunque carece de mayoría absoluta,

El panorama político boliviano ha experimentado, pues, un giro hacia la derecha, ocurrido en medio de una profunda crisis política y económica. Bolivia enfrenta una de las tasas de inflación más altas de América Latina, superior al 23% interanual en septiembre. Además, las reservas de divisas se agotaron casi por completo en marzo de 2023, lo que forzó al Gobierno saliente a vender reservas de oro  para financiar la importación de combustible y el servicio de la deuda. El déficit fiscal supera actualmente el 10% del PIB. El próximo Gobierno de Paz implementará un cambio brusco en las políticas respecto a las que mantuvo el MAS desde 2006. Entre las medidas anunciadas se encuentra la reducción gradual de los subsidios a los combustibles; la flexibilización del tipo de cambio fijo y la reforma de las leyes de minería e hidrocarburos. En el ámbito internacional, ha prometido reconstruir las relaciones con Estados Unidos, tensas desde que el expresidente Morales expulsó al embajador estadounidense en 2008. Durante su campaña electoral, Paz ha defendido una vía intermedia (“capitalismo para todos”) frente a la apuesta por la austeridad radical enarbolada por Quiroga. Así, se ha comprometido a mantener programas sociales al tiempo que a promover el crecimiento del sector privado y la inversión extranjera. Aun así, las propuestas de Paz representan cambios drásticos, y cualquier intento de recortar el gasto público o eliminar los subsidios al combustible es una medida impopular que afectará especialmente a los grupos de bajos ingresos. Así pues, existe un alto riesgo de malestar social.