14 Jun 2026

Protestas contra el plan de control de las exportaciones

La controversia económica comenzó el 20 de mayo de 2026, cuando el presidente indonesio, Prabowo Subianto, desveló una agresiva reforma para controlar las exportaciones de materias primas.

El 1 de junio de 2026 entró en vigor el decreto presidencial para impulsar el fondo soberano Danantara y su brazo operativo, la empresa estatal PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), que canalizará las transacciones. El aspecto más radical de la medida es que exige a las empresas retener el 100% de sus ingresos por exportaciones en bancos comerciales estatales de la asociación Himbara por un período mínimo de un año. Con este masivo encaje de divisas extranjeras, el Ejecutivo busca blindar sus reservas de capital contra la volatilidad monetaria global y combatir la evasión fiscal. Para amortiguar el fortísimo impacto en los flujos de caja de las empresas, el gobierno ha ofrecido un incentivo fiscal, reduciendo del 20% al 0% el impuesto sobre la renta aplicado a los rendimientos de esas exportaciones que cumplan estrictamente con la normativa. Sin embargo, ante la enorme confusión y las protestas del sector privado (que temía que el gobierno confiscara o monopolizara las transacciones), las autoridades indonesias se han visto obligadas a recular. El 11 de junio de 2026, los directivos de Danantara emitieron una aclaración pública urgente garantizando que el Estado no "asumirá" las exportaciones de recursos como el aceite de palma o el carbón ni actuará como intermediario, sino que su función se limitará estrictamente a monitorizar y auditar los contratos para evitar el fraude fiscal. Una de las quejas más llamativas a los controles sobre las exportaciones vino sorprendentemente desde China. A través de una carta de la embajada china dirigida al Ministerio de Energía indonesio, Pekín advirtió que estas medidas ponen en riesgo 30.000 mill.$ en inversiones existentes, además de amenazar hasta 400.000 empleos en toda la cadena de valor. La nueva fórmula de fijación de precios impuesta por Yakarta podría elevar los costes de producción del níquel utilizado para las baterías de los vehículos eléctricos, forzando a varias plantas de procesamiento chinas en el país a reducir su producción.

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