Boric logra la aprobación de la reforma de pensiones

 Las pensiones han sido durante años una de las principales preocupaciones de los chilenos, y su reforma fue una de las mayores demandas durante la ola de protestas de octubre de 2019. A pesar de intentos previos, ninguna de las reformas propuestas por los Gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera logró concretarse, salvo avances parciales como la creación de una pensión pública para los más vulnerables en 2008 y su ampliación en 2022. Entre sus principales cambios, la nueva ley aumenta gradualmente la cotización previsional del 10% al 17%, con un 7% a cargo de los empleadores, reintroduciendo su aporte tras más de cuatro décadas. También refuerza la Pensión Garantizada Universal (PGU), elevándola de 214.000 pesos chilenos (216 dólares) a 250.000 pesos (253 dólares). Otro punto clave es la creación de un seguro social, que complementará el ahorro individual para mejorar las pensiones más bajas. Sin embargo, el Gobierno no logró eliminar las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), como proponía el proyecto original, aunque la ley introduce mayor competencia al permitir nuevos actores en la gestión de los fondos. La reforma busca mejorar la calidad de vida de los pensionados en un país donde el 72% de las personas recibe pensiones por debajo del salario mínimo, que asciende a unos 504 dólares mensuales. El presidente Boric celebró la aprobación de la ley, calificándola como un "acto de justicia", aunque admitió que el resultado es menos ambicioso de lo que su Gobierno pretendía. Para su administración, que ha enfrentado dificultades en la concreción de sus principales reformas, este es un triunfo político significativo en un año clave antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre de 2025.