El Senado aprueba la Ley Ómnibus

La ley obtuvo 37 votos a favor y 36 en contra, con el voto decisivo de la vicepresidenta Victoria Villarruel. La iniciativa, ya modificada y aprobada por la Cámara de Diputados, debe regresar a ésta para su sanción final.

La conocida como Ley Ómnibus otorga al presidente competencias extraordinarias por un año al declarar la emergencia en materias administrativa, económica, financiera y energética, permitiéndole legislar mediante decretos supervisados por la Comisión Bicameral legislativa. Entre sus disposiciones más controvertidas se encuentra el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece beneficios fiscales y aduaneros por 30 años para proyectos de más de 200 mill.$ en sectores como energía y minería. Esto ha generado críticas por favorecer a grandes empresas y perjudicar a las pymes. Además, la ley permite la privatización de Intercargo y Enarsa, y la concesión de otras empresas estatales, excluyendo a YPF y Aerolíneas Argentinas, así como a los medios públicos (Radio y Televisión Argentina), que seguirán bajo control estatal. La reforma laboral incluida en la ley busca incentivar la contratación regularizando a trabajadores, aunque se eliminan sanciones contra el trabajo informal, lo que podría incrementar la precarización laboral según las críticas recibidas.

La aprobación de la ley ha provocado fuertes protestas y enfrentamientos violentos fuera del Parlamento. Sin embargo, el ejecutivo la considera crucial para avanzar en su agenda y para las gestiones hacia un nuevo acuerdo con el FMI. El ministro de Economía, Luis Caputo, ha anunciado el inicio de conversaciones para dicho acuerdo, enfocadas en acelerar la eliminación de las restricciones cambiarias y promover la recuperación económica. Sin embargo, el FMI ha sido cauto en confirmar esta posibilidad y se ha limitado a mencionar que existe un diálogo en curso sobre el apoyo a Argentina.